Senadores impugnan Ley de Seguridad Interior


Un grupo de senadores presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la recientemente aprobada y polémica Ley de Seguridad Interior que según sus detractores militariza al país.

Un grupo de senadores de México presentó este viernes ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra la recientemente aprobada y polémica Ley de Seguridad Interior que según sus detractores militariza al país.

"Estamos señalando la violación en materia de derechos humanos, de transparencia (...) a las facultades que tienen los estados y los municipios en materia de seguridad pública, las facultades metaconstitucionales que se le dan a las Fuerzas Armadas y al Presidente de la República", dijo a la prensa el senador Luis Sánchez, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La ley, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en diciembre pasado, busca cubrir un vacío legal de más de 10 años, generado por la decisión del gobierno de lanzar a finales del 2006 una controvertida ofensiva militar antidrogas, toda vez que las policías locales se veían superadas por los grupos criminales.

Pero organismos internacionales como el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana en la materia han criticado duramente la ley y llamaron en repetidas ocasiones al Congreso mexicano a no aprobarla.

En el mismo tono, Sánchez y otros senadores de diversos partidos presentaron este viernes la impugnación contra la ley ante la máxima instancia de justicia. Y el jueves, un grupo de diputados hizo lo propio.

La estrategia militar antidrogas se ha acompañado de una ola de violencia que ha dejado más de 196,000 personas asesinadas y unos 30,000 desaparecidos, según cifras oficiales que no detallan cuántos casos están ligados a la criminalidad.

La ley establece, entre otros puntos, que la participación de las fuerzas armadas en zonas conflictivas puede prorrogarse mientras subsista la amenaza que la motivó.

Otro punto controvertido es que la información que se genere durante su aplicación será considerada de Seguridad Nacional, dejándola fuera del escrutinio público.

La Suprema Corte ya analiza una controversia constitucional contra esta ley presentada por la alcaldía de Cholula, mientras la autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos de México contempla presentar una acción de inconstitucionalidad.



Al promulgar la ley, el presidente Peña Nieto aseguró que se abstendrá de emitir una declaratoria de seguridad, contemplada en la legislación, hasta que la Suprema Corte determine su constitucionalidad.
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