Fundamental justificar cabalmente el despido de funcionarios de la ASF

  • La ASF es una institución clave para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Sus decisiones deben ser ejemplares y no mermar, de ninguna forma, su legitimidad.

El pasado primero de junio, la sociedad mexicana se enteró a través de los medios de comunicación, que la Dra. Muna Dora Buchahin fue removida de su cargo como titular de la Dirección General de Auditoría Forense, unidad que ha sido clave dentro de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las investigaciones que la institución ha realizado sobre presuntas redes de corrupción por cerca de 7 mil millones de pesos.

Esta remoción se da en un contexto de otros cambios relevantes al interior de la institución como son la destitución del titular de la Unidad de Gasto Federalizado Salim A. Orci Magaña, y del Auditor de Cumplimiento Financiero Javier Peréz Savedra, ex auditor interino, cambios de los que se tiene conocimiento sin que se hayan dado a conocer a la opinión pública las razones que los motivaron.

El viernes primero de junio, la ASF señaló que la decisión de remover del cargo de la Dra. Buchahin se dio debido a un posible conflicto de interés. De ser este el caso, la ASF debería informar también si inició una investigación al respecto y también si, derivada de ésta, encontró alguna irregularidad bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas vigente. No es un asunto menor y debe quedar claro si se consumó o no un potencial conflicto de intereses.

A la luz de los esfuerzos que el país está tratando de implementar para combatir la corrupción y garantizar el estado de derecho, uno de los elementos fundamentales para llevar a buen puerto los esfuerzos nacionales para combatir la corrupción, se relaciona con la profesionalización de las instituciones integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción. Para ello es fundamental conducir, conforme a derecho, los procesos en contra de aquellos servidores públicos que estén presuntamente acusados de una actuación contraria a la ley.

Preocupa que, hasta ahora, no se cuenten con elementos del conocimiento de la opinión pública y de los legisladores que permitan fundar y motivar las remociones que se han realizado al interior de la ASF. Es fundamental la certidumbre jurídica en este rubro para evitar especulaciones que mermen la labor de la Auditoría como integrante clave de los esfuerzos institucionales del Estado mexicano en contra de la corrupción.

Es por ello que insistimos en la relevancia de aclarar, con la mayor precisión posible y respetando el debido proceso, cualquier acusación hecha a funcionarios de la ASF. Es fundamental, en caso de que se presenten las denuncias respectivas ante la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, que esta procese, de manera clara y apegada a derecho, todas las investigaciones que permitan determinar si existen o no responsabilidades de esta exfuncionaria u otros servidores públicos en su labor dentro de la ASF y que se informe oportunamente a la sociedad. 
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